. YPF

Historia
La historia de la conformación de Repsol YPF podría empezar por las manos del General Suárez Mason. Su influencia en el directorio de la empresa fue muy importante en los años de la dictadura. Se conformó un consorcio llamado La Patria Contratista con el que, durante la dictadura y también durante el Alfonsinismo, los corruptos hacían grandes negocios con los sobreprecios en las licitaciones de la empresa estatal.

YPF fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda de YPF ascendía a 372 millones de dólares. En 7 años de dictadura se elevaba a 6.000 millones. En esos años se multiplicó por 16. Durante el gobierno de Alfonsín se fue generando el “consenso de la privatización”, los lobbystas de las grandes petroleras y sus periodistas contratados decían “YPF es la única empresa petrolera del mundo que da pérdidas”. Esta situación se repite en los países vecinos. Se hunde intencionalmente la empresa para forzar su venta y reflotarla “milagrosamente” en pocos meses.
En este caso los directores que tuvo la empresa no sólo fueron corruptos militares, muchos provenían de otras petroleras o contratistas que trabajaban temporalmente en YPF y volvían a su empresa inicial.

La privatización de YPF comenzó junto con el proceso de reformas que el gobierno de Carlos Menem llevo adelante durante su gestión de 10 años entre 1989 y 1999. Se realizó primero a través de la reestructuración de YPF y luego se completó con su total privatización.

El nuevo gobierno se propuso:
– Privatizar para desmonopolizar la actividad (YPF compraba todo el crudo producido y la Secretaría de Energía asignaba cupos a las refinadoras en la “mesa de crudos”).
– Desregular el mercado para fomentar la competencia.
– Poner fin a los contratos convirtiéndolos en Concesiones y Asociaciones.
– Asegurar la libre disponibilidad del crudo (poniendo fin a la “mesa de crudos” y al sistema de administración centralizada)

Para ejecutar las políticas el Estado desarrolló diversos instrumentos legales, algunos de tipo genérico y otros específicos para el sector petrolero. En el primer grupo se encuentran:
– Leyes de Reforma del Estado N° 23.696 del 18/8/89; N° 23.697 del 1/9/89; N° 23.928 del 27/3/391.
– Decretos Ley N° 1.224/89; N° 1.225/89; N° 1.757/90 y N° 2.408/91.

Mediante estos instrumentos se propició la privatización de las empresas públicas, se modificó la política de precios de los hidrocarburos, se suspendieron los subsidios compensatorios, se afectó el pago de regalías, se dio igual trato al capital extranjero que al nacional, se cambio la jurisdicción de la Secretaría de Energía, se profundizó el programa de privatizaciones petroleras, se autorizó la capitalización de la deuda externa como mecanismo para las mismas y se creó la convertibilidad monetaria.

En el segundo caso, las normas específicas fueron instrumentadas mediante decretos y resoluciones y cumplieron un gran espectro de medidas entre las cuales se encuentran:
– YPF devolvió áreas de exploración para su posterior licitación al sector privado.
– Se convirtieron en asociaciones y en concesiones los anteriores contratos entre empresas contratistas de YPF y esta última.
– Se licitan áreas marginales y centrales de YPF.
– Se asocian empresas privadas con YPF en las áreas centrales.
– Se establece la libre disponibilidad del crudo para todos los operadores.
– Se autoriza a exportar e importar.
– Se elimina la “mesa de crudos” por la libre adquisición de los mismos en el mercado interno y externo.
– Se desreguló la instalación de refinerías y bocas de expendio y se liberaron los precios de todos los productos derivados.
– Se amplía el mercado libre: Se instruye a YPF para que renegocie los contratos de explotación de petróleo con el fin de reconvertirlos al sistema de concesiones o asociación con YPF, estableciendo la libre disponibilidad de petróleo crudo producido por estos nuevos concesionarios.
– Plazo para la asignación de crudos: Establece a partir del 31/12/90 (o, como cláusula gatillo, cuando se produzcan 8.000.0000 de m3 de libre disponibilidad), la eliminación de la asignación de cuotas de crudo por parte de la Secretaría de Energía.
– Libre importación y exportación de petróleo crudo y productos derivados: Se elimina el requisito de autorización previa y se establece que la importación de crudo y derivados quedará sujeta a la política arancelaria general.
– Libertad de precios: Establece que a partir del 1/1/91, los precios del petróleo se pactarán libremente. Asimismo, “quedarán liberados los precios de todos los derivados del petróleo, en todas sus etapas”.
– Libre instalación de refinerías: “La instalación de capacidad adicional de refinación será libre, sin otro requisito que el cumplimiento de las normas de seguridad y técnicas”.
– Libre instalación y titularidad de bocas de expendio a partir del 1/1/91.
– Se modificaron los impuestos a los combustibles, estableciendo un importe de suma fija para cada tipo de derivado del petróleo.
– Se transformó la forma jurídica de YPF convirtiéndola de sociedad del estado en sociedad anónima. Asimismo, se aprobó un importante plan de transformación empresaria y modificación de los estatutos de la sociedad.
– Se reglamentó el transporte de hidrocarburos (marco regulatorio de oleoductos y poliductos) estableciéndose que “el transporte de hidrocarburos líquidos será efectuado como servicio público, asegurando el acceso abierto y libre, sin discriminación, por la misma tarifa en igualdad de circunstancias” tendiendo a nivelar las tarifas de transporte por ductos con los valores internacionales.

El programa de desregulación del mercado petrolero tuvo como primer objetivo introducir ciertas formas de mercado a un sector en el cual la actividad pública eliminó todas las características técnicas de un mercado siquiera medianamente competitivo.

Ley 24.145
Las medidas encaradas a través del Decreto 2.778/90 de transformación de YPF fueron ratificadas por la ley 24.145, del 6 de noviembre de 1992, que fundamentalmente determinó la privatización de YPF y la federalización de los hidrocarburos. Esta ley otorga a las provincias el dominio de los yacimientos en cuyos territorios se encuentren, la concesión a YPF de ciertos oleoductos y poliductos, la transformación empresaria y el mecanismo de venta de las acciones, así como el destino de los fondos de dicha venta.

La venta de YPF
Cabe mencionar con ejemplos la dinámica que se consolidó en los últimos años de YPF. Por ejemplo, Merryl Linch – encargada de la tasación de YPF- redujo deliberadamente en su estimación de reservas petroleras exportables por YPF en un 30% con el objetivo de subestimar el valor antes de su venta.

El proceso de venta de YPF S.A. tuvo varias etapas hasta llegar a la actual propiedad por parte de Repsol. En julio de 1993 se produjo la venta del 43,5% del paquete accionario de YPF S.A. por lo que el Estado Nacional obtuvo 3.040 millones de dólares en efectivo y 1.271 millones en títulos de la deuda pública. Sin embargo en esta operación el Estado a su vez asumió una deuda de la empresa por aproximadamente 1.800 millones de dólares.

La composición accionaria en esta primera venta se hallaba repartida del modo siguiente:
Estado Nacional 20% + acción de “oro”
Estados provinciales 12%
Personal de YPF S.A. 10%
Sistema Previsional 12%
Sector privado 46%

Entre 1993 y 1998 la estructura de la tenencia se fue transformando debido a que los jubilados, el personal de la empresa y las provincias fueron vendiendo sus participaciones motivados tanto por los mejores precios de las acciones en el mercado como por las necesidades de liquidez.

Estas necesidades se originaron habida cuenta del contexto recesivo de la economía y las dificultades de hallar empleo con posterioridad al segundo semestre de 1994, cuando los ingresos por privatizaciones comenzaron a mermar y los efectos del Plan de Convertibilidad sobre el nivel de actividad empezó a ser visible.

Por otra parte entre mediados de 1994 y abril de 1995 YPF adquirió el 88,50% del capital de la petrolera Maxus y a principios de junio de 1995 completó la adquisición del capital remanente. Con esto YPF quedó muy endeudada, pero en disposición estratégica en casi todos los países de la región (Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela) convirtiéndose en una petrolera multinacional dado que Maxus poseía también intereses en Asia.

De este modo hacia 1998 la estructura de tenencia era la siguiente:
Estado Nacional 20% + acción de “oro”
Estados provinciales 4,70%
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 74,90%

Respecto de la composición de la tenencia por parte del sector privado se ha estimado que los fondos extranjeros disponían del 63,1% y los actores privados argentinos participaban con el 11,8%. A su vez dentro del primer grupo los actores dominantes eran los fondos de inversión de los EEUU, seguidos por otros actores institucionales del Reino Unido y Francia. Dentro del grupo de tenedores locales, el único operador petrolero era Pérez Companc con el 3,8% de las acciones.

La venta de YPF a Repsol
La venta de YPF S.A. a Repsol se da en dos etapas. En la primera, el Estado Nacional vende a Repsol el 14,99% de las acciones (correspondiente a su parte del 20%) por una cifra de alrededor 2.011 millones de dólares. De este modo la composición accionaria queda como se describe a continuación:
Estado Nacional 5% + acción de “oro”
Estados provinciales 4,70%
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 74,90%
Repsol 14,99%

Repsol ofrece comprar todas las acciones. El estado nacional le da prioridad y se establece que si aparecieran terceros oferentes estos deberían pagar un 25% más que el precio de compra establecido por Repsol.

Entre mediados y fines de 1999 Repsol compra el 83,24% de acciones de YPF S.A. por 13.158 millones de dólares a un precio de 44 dólares por acción. La estructura de tenencia queda establecida del siguiente modo:
Estado Nacional acción de “oro”
Personal de YPF S.A. 0,40%
Sector privado 1,37%
Repsol 98,23%

En virtud de la acción de oro se requiere el voto afirmativo del Estado argentino para realizar: fusiones, adquisición de más del 50% de las acciones de la sociedad en caso de copamiento accionario consentido u hostil, transferencia total de los derechos de exploración y explotación (con aprobación del Congreso Nacional), disolución voluntaria de la sociedad (con aprobación del Congreso Nacional) o cambio del domicilio social y/o fiscal fuera de la República Argentina.

Sobre la base de los elementos presentados respecto de las modalidades empleadas para la privatización de la petrolera Argentina, parece claro que la reestructuración previa de YPF, a través del desglose de activos, permitió transformar la empresa estatal de modo tal de optimizar el valor presente de las inversiones.
La reestructuración no logró crear las bases de un mercado competitivo, a pesar de que el índice de concentración de los activos obviamente disminuyó, en tanto se pasó de un esquema prácticamente monopólico a un sistema más fragmentado de tipo oligopólico con liderazgo de precios por parte del actor dominante.

Para la sociedad Repsol – YPF implicó un cambio cualitativo de gran envergadura dado que el total de sus ingresos operativos se incremento en un 39%, el resultado operativo se incremento un 58% y el activo un 142%. La privatización de YPF lejos de haber fomentado una estructura más abierta, transparente, equitativa y competitiva fortaleció el poder de concentración de grupos extranjeros y la inestabilidad financiera de un modo estructural. Desde le punto de vista del valor obtenido por el Estado por la enajenación de los activos la venta se realizó a precios inferiores a los de mercado.

Por otra parte, esa sociedad no realizó la inversión necesaria para los primeros segmentos del proceso productivo del sector hidrocarburos que son la exploración y producción (que incluye perforación), esta parte del negocio es la más riesgosa y costosa y la inversión debe ser permanente, ya que se debe mantener la actividad, que no siempre es segura. El negocio de Repsol fue comprar una empresa que hizo la inversión para explorar y perforar y disfrutar de los ingresos de la venta del producto y sus derivados.

La idea empresaria es aprovechar el potencial de YPF, o sea las reservas comprobadas, sin invertir y exportar todo lo que se pueda de esa producción.

Esto genera un problema para la Argentina ya que nuestras reservas comprobadas de hidrocarburos de oscilan entre 9 y 15 años, según la fuente, y la exportación de crudo es cada vez mayor, así se corre el riesgo de pasar de ser un país productor que se autoabastece a ser un importador que deberá encarecer todos los costos de producción determinando un futuro difícil para la industria nacional