CONSENSO DE WASHINGTON

Nos interesa plantear, en este trabajo, la ausencia de rigurosidad cien­tífica y desconocimiento real de la región, en las políticas de ajuste del Estado y de la Administración Pública, dictaminadas por el Consenso de Washington, el incumplimiento de las expectativas, agravadas por el alar­mante costo social y político, que entre tantas cosas vulnera el Estado de Derecho y pone en peligro la democracia social y política.

En breves líneas incluimos algunos aspectos del Consenso de Posguerra y uno de sus elementos coincidentes con el Consenso de Washington, para después analizar los efectos de éste para América Latina en general y para Argentina en particular.

Entendemos por Consenso de Posguerra al acuerdo entre las grandes potencias, a mediados de este siglo, acerca de la necesidad de evitar que se repita la gran crisis y depresión de entreguerra.

El Consenso de Posguerra, estuvo directamente ligado a las decisiones de Bretton Woods y al temor estadounidense a la expansión sovietica. La Guerra Fría y el Plan Marshall fueron producto de esa realidad. También lo fue el convencimiento de la necesidad de fomentar el crecimiemo económico, creando un modelo de consumo masivo, con la intervención del Estado en la producción y distribución de bienes y servicios, garantizan­do, por sobre todo, el orden social. La imposición del ajuste, ya en la década del ’50, era un instrumento de castigo con el que los organismos financieros internacionales podían penalizar a los países deudores morosos.­ En America Latina, en la década del ’80, esta práctica se generaliza de la mayoría de países deudores, misma que se impone a través de  lo que se conoce como Consenso de Washington (C.W).

En tal sentido, nos interesa la causa, del acelerado endeudamiento de las naciones latinoamericanas; la crisis del petróleo, en lo que se llamaba por entonces el Tercer Mundo, generó un gasto que pasó de u$s 26.000 millones a u$s 63.000 millones en 1980 debiendo los países recurrir, al crédito externo. De esa manera, su deuda, en conjunto, ascendió entre 1978 y 1982 de u$s 440.000 millones a u$s 800.000 millones.

En Argentina, más o menos en el mismo período, la deuda aumentó de u$s 8.000 millones a u$s 45.000 millones y la inflación subió alrededor del 433 %. La última dictadura militar (I976-1983) modificó, esencial­mente, el rol del Estado aceptado convencionalmente hasta entonces; autoritariamente se dejaron de lado las políticas de promoción industrial y los convenios colectivos de trabajo. También se abandonó el nacionalis­mo económico, cuyas bases eran el proteccionismo de la producción local y lo que se ha conocido como Estado Benefactor. Se propuso en cambio la liberación de la economía y se menospreció el rol del Estado como garante de una distribución equitativa de la riqueza.

Con el advenimiento de la democracia, durante la administración radi­cal de Raúl Alfonsín (I983-1989) la deuda exterior siguió aumentando hasta llegar a u$s 60.000 millones. Finalizado el primer mandato de la Administración justicialista de Carlos Menem (I989-1995) el endeuda­miento externo era de casi u$s 90.000 millones y durante su segunda presidencia, en 1997 ya se aproximaba a los u$s 110.500 millones; en la primera mitad del año de 1999 y siendo el último tramo de este gobierno la deuda asciende a U$S 153.500 millones.

Según determinadas corrientes, el peso de la deuda impide a las nacio­nes subdesarrolladas la obtención de capital para inversiones productivas: a estos efectos podemos observar que el Producto Bruto Interno en America Latina, se redujo notoriamente en la década de los ’80; momento en el cual cada vez más países, manifestaron la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones externas.

Al mismo tiempo, el creciente monto de la deu­da impidió a éstos, negociar con libertad los términos del ajuste. Debido a ello, los estudios señalan que ya durante los años ’60 y ’70, en algunos países, se habrían formulado críticas a las políticas de sustitu­ción de importaciones. Sus detractores pretendían demostrar que los paí­ses proteccionistas tenían tasas de crecimiento inferiores a las que predo­minaban en las economías abiertas, aunque según Paul Krugman, esto no se habría comprobado.

De todas maneras, los cuestionamientos, para esa época, no eran suficientes para modificar el rumbo de las políticas econó­micas vigentes, basadas en un modelo de acumulación re-distributivo. Recién será John Williamson, quien, en Latin American adjustment: how much has happened?, publicado en 1990 en Washington por el Institute for International Economics, señaló que se estaba generando un nuevo saber convencional, en torno a la política económica de los países en desarrollo: conociéndose el mismo como Consenso de Washington (C.W); el mal llamado C.W. sentaría las bases de las nuevas políticas a implementarse en los países deudores, mismas que, según ellos, lograrían el crecimiento económico. Este paquete de medidas, basadas en la no intervención del estado en la economía y en la apertura del mercado, sería más tarde rescatado como el manifiesto de la política «neoliberal»; la de­nominación de consenso aparentemente estaría dada por quienes en ese momento, aceptaron las imposiciones del establishment internacional (Washington) y anteriormente se habrían opuesto.

Williamson sintetizó lo expuesto en diez propuestas, pero, de hecho, comenzó la citada terminología a definir una receta basada en el sostenimiento de una moneda sólida, acompañada por la libertad de mercado, incluida liberalización del comercio y la privatización de empresas estatales.

Los puntos esenciales del C.W., que se convirtieron políticas económicas de ajuste para la región, y que actualmente estar en revisión (sic) supuestamente, por los costos sociales y políticos generaron; es decir, las propuestas de crecimiento económico no resultaron tal cual fueron propagandizadas y las consecuencias son altamente desfavorables para el conjunto de la sociedad, y en muchos casos, para que otrora eran parte de los sectores privilegiados; aunado a este proceso, la globalización, que expande por doquier determinados efectos, con rapidez inusitada y no deseada, pone en peligro por inercia, al conjunto ­de la comunidad capitalista internacional. 

La falta de rigurosidad científica y displicencia en generar políticas ­cuyos efectos negativos y perversos a la vista, generan cambios sobre la marcha, lo cual habla además, de una total imprevisión y falta de análisis crítico y evaluación de la realidad socio-económica de cada país en particular, objeto de estas determinaciones foráneas; el ajuste económico, según el establishment, reduciría la deuda externa y generaría crecimiento económico y social.

PRIMERA MEDIDA: DISCIPLINAR LOS GASTOS DEL FISCO. Res­pecto de las políticas históricas implementadas para combatir el déficit presupuestario, y sobre todo la recurrencia, por el Estado, al impuesto inflacionario, el C.W sugería a los gobiernos nacionales, provinciales, mu­nicipales, a las Empresas del Estado y al Banco Central, medidas que dis­ciplinaran los gastos del fisco. En otras palabras se exigía reducir los gastos del estado, ajustarlos a los ingresos genuinos y no recurrir al mecanismo inflacionario. Es decir, se sugirió no recurrir a la inflación, como mecanismo para licuar la deuda, debido a que la mayor parte de los países de América Latina lo habían utilizado y en tal sentido tuvieron un proceso inflaciona­rio creciente, como lo muestra el cuadro que detallamos a continuación. Además sabemos, que la magna deuda habla de la imperiosa necesidad de la región en la obtención de capitales para promover el crecimiento eco­nómico, y con ello reducir la misma; sin embargo, esta situación de pro­gresivo endeudamiento le impidió a los países latinoamericanos, como ya lo mencionáramos, negociar, a la hora del ajuste, con cierta libertad la forma de pago, el tiempo, y la obtención de nuevos créditos.

En Argentina, la disminución progresiva y posterior erradicación de la inflación, el punto final de las devaluaciones, vía la adopción de un tipo cambio fijo, con la sanción de la Ley de Convertibilidad, trajo aparejada una situación de estabilidad ansiada por e! conjunto de la sociedad desde tiempos inmemoriales, estabilidad que al principio produjo un efecto expansivo y hoy sus consecuencias son recesivas.

Sin embargo, controlada no fue fácil; el gobierno justicialista conservador, procuró reducida en el primer año y medio de gestión, con impuestos emergencia, con la disminución del gasto público y con ajustes en la tasa de cambio. Así, la misma descendió del 200 % al 6 % mensual. A pesar de ello, un rebrote inflacionario entre diciembre de 1989 y marzo de 1990, llevó a las autoridades a imponer nuevas contribuciones de emergencia, suspender los pagos a los proveedores del Estado, recortar nuevamente el gasto público y disponer, la apropiación de los depósitos a plazo fijo, entregándose bonos a cambio, que los damnificados tuvieron que aceptar por la fuerza.

Esta estabilidad, lograda tipo shock, debía consolidarse con la reduc­ción genuina del gasto público mediante e! achicamiento o ajuste del Es­tado, más precisamente con la minimización forzosa de la Administración Pública; esto implicó, que gran parte del personal administrativo del mis­mo fuera despedido, jubilado, reconvertido, flexibilizado, dejado en dis­ponibilidad, etc. Es decir el Estado se achicaba y por lo tanto el gasto en recursos humanos (personal) disminuía. Simultáneamente también se re­ducía en otros rubros que generaban déficit fiscal.

Entonces, no sólo devino la reducción del gasto público sino el detenimiento del proceso inflacionario, como lo indicaba la medida y con ello la estabilidad; aunque no podemos dejar de señalar que, en Argentina, esa expulsión de fuerza de trabajo, calificada o no, generó una nueva pro­blemática, muy difícil de superar, probablemente la más grave de todas, por sus implicancias sociales: el desempleo, llegando e! mismo a un 18%; sumado a esto, un franco y progresivo paro en la producción, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (producto de las estrategias de desregulación y liberalización, que veremos más adelante) este fenómeno de desempleo fue creciendo y provocando exclusión, por lo que la situa­ción de estabilidad, vinculada al achicamiento y expulsaras de mano de obra, sean las caras perversas de una misma moneda. En tal sentido pode­mos sospechar, que el desempleo es funcional al modelo de estabilización impuesto a través de la convertibilidad y el ajuste.

Sobre este punto nos permitimos hacer algunos comentarios: La rigidez en la aceptación de las imposiciones internacionales, aceleró y profundizó la crisis en la que se encuentra hoy la economía Argentina y la parte de la región; otros países como México y Brasil, sin hacer apología teniendo en cuenta las diferencias respecto de sus sociedades con la nuestra, aparentemente han balanceado de otra manera las imposiciones del C.W y en el primer caso se mantiene una paridad variable, con una mini-devaluación permanente, pero, con un índice escasísimo de desempleo: el segundo caso, bastante más complicado de analizar, por las repercusiones que tiene en el Mercosur, se ha adecuado, sin embargo, en tiempo y forma, las imposiciones de las recetas internacionales, a las necesidades sociales y políticas, optando por un tipo de cambio variable, con deva luaciones frecuentes.

Entonces, la reducción de los gastos del fisco, como medida a adoptar y con las características enunciadas, fue un condicionamiento extremo la banca internacional, con lo cual se evitaría según ellos, engrosar la deuda; sin embargo, no sólo se pudo seguir pagando la misma, sino que organismos insistieron con nuevos y diferentes créditos. La deuda, también provocada por el déficit de la empresas estatales, ­introdujo a la implantación de otra receta: la privatización de las mismas, por lo cual analizaremos la cuestión en detalle.

SEGUNDA MEDIDA: Se recomendó clara, lisa y llanamente la PRIVATIZACION

de las empresas estatales. Debido a la importancia que tuvieron los procesos de privatizaciones en nuestro país, a la forma en que se han llevado a cabo y a las consecuencias sociales y políticas que registramos hasta hoy, haremos las siguientes observaciones:

Este proceso, no está elegido al azar, sino que da cuenta de la forma y procedimientos con que se impulsa la política en general y la económica en particular en el menemismo, ya que en su seno se sintetizan todos los elementos que juntos, separados o combinados están presentes en los dos períodos de este gobierno. Estos elementos son: a) la obediencia al man­dato internacional como única posibilidad; b) la paradoja de los resulta­dos obtenidos mediante la implementación de recetas ortodoxas; c) la al­teración de normas jurídicas pre-establecidas con fines espúreos; d) el en­riquecimiento ilícito y e) la relativa dependencia de la justicia en general y de la Corte en particular, respecto del Poder Ejecutivo.

Las privatizaciones planteadas y llevadas a cabo muy pocas en la dictadura y algunas en el radicalismo con fuerte oposición social y política, de aquel partido gobernante, resultaron exitosas en el gobierno de Carlos Menem, pues se necesitaba de la imposición autoritaria del tema en la agenda política; cuestión que el gobierno supo resolver con inusitada rapidez y ejecución, coadyuvado por un equipo de extrapartidarios, nacionales y extranjeros, quie­nes brindaron la cohesión ideológica que tal emprendimiento neo liberal, ne­cesitaba. Para lo cual, entre otras cosas, se sobre-utilizó, con bastante éxito, el acontecimiento de la entrega anticipada del poder y se agitó permanente­mente, con el fantasma del pasado, (inflación, saqueos a supermercados, etc.). Las Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, sancio­nadas en la segunda mitad del ’89, con una mayoría parlamentaria del peronismo en Diputados, ficticia por el adelantamiento en la entrega del mando, concedían al Ejecutivo, por la primera, poderes de excepción para intervenir las empresas públicas, modificar su funcionamiento y privatizarlas y por la segunda, se ampliaban los poderes de decisión, derogando el trate diferencial entre capital nacional y extranjero, permitiéndosele a este últi­mo, participar en los procesos de privatizaciones sin límites.

Las empresas del estado, concebidas en parte, como la causa del déficit fiscal y la privatización de ellas, como parte de la solución para reducir la deuda externa, necesitaban, por consejo de los expertos internacionales, que el Estado, primeramente saneara las finanzas de ellas, luego que ajus­tara al mínimo sus recursos humanos, convirtiéndolas en rentables. Es decir, se debían vender porque eran deficitarias, pero antes se deberán convertir en rentables. En este planteo y en esta aceptación, hay, por le menos, algunas contradicciones lógicas y muchos intereses políticos y eco­nómicos no sólo de los representantes de los grupos nacionales más poderosos, sino también de los internacionales. Además de los jugosos dividen­dos que fueron apropiados por quienes llevaron adelante el magnífico y cuantioso procedimiento de compra-venta.

Estas son las paradojas del modelo que tienen una sencilla explicación: favorecer, por imposición o por acuerdo, sin ningún tipo de limitación, el ingreso y la permanencia, no sólo de capitales extranjeros sino de compañías transnacionales en búsqueda de mayores rentabilidades que las que les pro­porcionaba su propio mercado. Para esto las otras medidas «sugeridas» sobre la desregulación y liberalización financiera en marcha, acompañaban y opera­ban exitosa y simultáneamente. La instancia jurídica había sido hábilmente sorteada, con la sanción de aquellas dos leyes que enunciamos.

La forma en que se llevaron a cabo, dan cuenta de que en los procesos se alteraron casi permanentemente las reglas y disposiciones pre-establecidas; parte de los mecanismos licitatorios fueron adulterados, por cuanto los mismos oferentes formaban parte del equipo que conformaba y consti­tuía los términos de referencia, de los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones respectivas. En uno de estos casos, la Inspección General de Justicia, denunció la maniobra y con ello la nulidad, como ocurrió con la ex -ENTEL, y el Ejecutivo prosiguió con las actuaciones, renunciando al Inspector denunciante, cesantía que fue legitimada por la Honorable Cor­te Suprema de la Nación.

Otro abuso en las formas fueron las «disposiciones de venta» de las empresas efectuadas en su totalidad, por Decretos; la del servicio telefóni­co con 4 decretos presidenciales a principio de los ’90; la de la Aerolíneas Argentinas con el Dec. N° 1591/89; la de la reestructuración de YPP con el Dec. N° 2778/90, concediéndose poderes discrecionales al Interventor par eludir algún tipo de supervisión del Ministerio de Obras Públicas; la de EEC.C. por el Decreto N° 666/89.

Lo verdaderamente perverso en todo este proceso de privatizaciones, es que fueron impuestas, como ya lo mencionáramos, por los representantes de los grupos conservadores internacionales y llevadas a cabo por los repre­sentantes locales, con la altruista finalidad de pagar la deuda; por lo cual se privatizó, se expropió y des nacionalizó patrimonio del estado, se altera­ron formas, contenidos y se desviaron recursos económicos con fines ilícitos; se cesantearon, despidieron o dejaron en disponibilidad recursos huma­nos y finalmente la deuda externa no sólo no disminuyó sino que aumentó casi triplicándose, pasando la misma de 60.000 a 160.000 millones de dólares. Reconvirtiéndose monopolios estatales en privados.

TERCERA MEDIDA: Los TIPOS DE CAMBIO recomendados eran los UNIFICADOS, FIJOS y COMPETITIVOS para procurar un crecimiento en las exportacio­nes no tradicionales y la manutención de la competitividad en el futuro. La Argentina unificó el tipo de cambio, como dijimos más arriba, pero el mismo no hizo competitivas a las exportaciones. La paridad fija tan alta que tiene el peso argentino hace que sea uno de los países más caros del mundo, y obviamente los precios de su producción no son competitivos ni en el mercado interior ni en el exterior; el ingreso de manufacturas extranjeras arruinó la pequeña y mediana industria nacional, con el consecuente despido de empleados que pasaron a engrosar las filas de los subempleados, de los precarizados o de los excluidos; la competitividad, a estas alturas, es un sueño inalcanzable, sobre todo si tenemos en cuenta el aluvión de mercancías importadas gracias a una de las estrategias ya mencionadas y que desarrollaremos a continuación. Respecto del crecimiento exportaciones no tradicionales, tampoco se ven los resultados, a pesar de implementación de programas de asistencia técnica con recursos externos los que tienden a promoverlas. En conclusión no se exporta como se pensaba y la supuesta competitividad en el futuro es incierta.

En cuanto a esta medida, de unificar el tipo de cambio, Williamson retracta en la Revisión del C.W. (R.C.W) y opina que esta sugerencia fue la mejor dada, que no obtuvo los resultados esperados, que no ha habido unanimidad cuando se la propuso.

CUARTA MEDIDA: La LIBERALIZACION MERCANTIL cuyo significado prioritario fue la eliminación de restricciones cuantitativas al comercio de importa­ción y la imposición de aranceles, que fueran reduciéndose progresiva­mente hasta alcanzar un impuesto mínimo entre el 10 Y el 20 por ciento.

La desregulación o desreglamentación permitió sin ningún tipo de tra­ba, que nuevas empresas compitan en el mercado. El ingreso de empresas extranjeras se impuso con la eliminación de obstáculos normativos, arancelarios, financieros, etc., con el objetivo de hacer competir a las mismas con las empresas nacionales.

Estas estrategias indican que ya sea por importación de mercancías extranjeras o por instalación de capitales y/o comercios foráneos, los resul­tados son negativos para la economía argentina en su conjunto. Toda ma­nufactura importada, buena, mala, cara o barata, puede entrar y ser mejor que la nacional; a raíz de ello se liquidaron y/o fundieron más de una fábrica y/o empresa grande o pequeña. Además se ha permitido, vía adua­na, el ingreso ilegal de dólares y otros bienes, gracias a la venalidad de algunos funcionarios públicos. Progresiva y sistemáticamente se fueron instalando en la sociedad conductas fraudulentas como éstas, comporta­mientos discrecionales, y desprecio por la «res pública», en el sentido de que cualquiera puede apropiarse de ella.

La estrategia o mandamiento a este respecto, parece que no tuvo en cuenta las precisiones que la acompañaban, ya que los expertos dicen que este proceso de liberalización mercantil debe hacerse en un lapso de, entre 3 y 10 años, sobre todo para evitar la recesión.

En síntesis, la mayoría de las empresas nacionales, en plena agudeza de la globalización, no puede competir en el mercado mundial y su cotejo en el mercado interno es para unas pocas, realizando ésta, o sea la globalización un efecto centrífugo de expulsión.

QUINTA MEDIDA: La FIJACION DE TASAS DE INTERES por la dinámica propia del mercado, conocida con el nombre de liberalización financiera. Se aconsejó la eliminación de tasas preferenciales y el mantenimiento de tasas modera­das de interés reales positivas.

En la Argentina de estos últimos tiempos, las tasas de interés nunca fueron bajas; aún hoy que son las más bajas de la media histórica, las mismas son altas. Basta compararlas con las del capital internacional; basta observar los flujos y reflujos de movimientos financieros en un mercado de valores total­mente globalizado; la espuma de la suba de las acciones puede caer abruptamente, como ya ha ocurrido e incidir negativamente en las inversio­nes productivas; los efectos del tequila, de la caipiriña, de los tigres asiáticos, han tenido su repercusión desfavorable en la economía Argentina. Por las cualidades de la globalización, rápidamente se ven afectados todos los circui- tos comerciales y financieros en cadena, por lo cual y ahora sí por temor, los centros de poder internacionales acuden al salvataje financiero.

SEXTA MEDIDA: Las PRIORIDADES DEL GASTO PUBLICO deberían establecerse teniendo en cuenta los RENDIMIENTOS ECONOMICOS; es decir, el gasto desti­nado a áreas políticamente sensibles como administración pública, defen­sa, subsidios y «elefantes blancos» deberían restringirse y orientarse a otras áreas que permitieran mejorar la distribución de los ingresos, como la atención primaria de la salud, la enseñanza primaria y la infraestructura. Esta indicación se vincula por un lado con el ajuste en la administra­ción pública y con otras áreas en las cuales el Estado ha mermado sensible­mente su aporte, como defensa y subsidios. Lo indicado, para ser orto­doxos siempre y no cuando conviene, es que esas partidas debieron re­orientarse en servicios de salud y educación, atendiendo las prioridades del gasto público social.

Sin embargo, en el primer caso, los hospitales y centros de salud han sufrido un franco empobrecimiento, tanto en sus recursos humanos como en infraestructura y en materiales indispensables para brindar el servicio, además de delimitarse las jurisdicciones que aten­derían a determinada población objetivo. En el segundo caso, respecto de la educación, y como educadores nos detendremos especialmente, más que una reorientación del gasto público hubo una descentralización del servicio importante, por la cual los servi­cios educativos de gestión nacional fueron altamente reducidos, trasladan­do la obligatoriedad a los gobiernos provinciales y municipales. Esta me­dida, tal cual como lo promulga la Ley de Reforma Educativa, en sí misma no es criticable, ya que la prosecución y otorgamiento del servicio deben continuar, según la Ley, bajo la responsabilidad del Estado, para lo cual la misma lo nutre de facultades respecto de la evaluación, del seguimiento y del monitoreo. Sin embargo, estas acciones previstas en la Reforma no son ejercidas totalmente por parte del Estado y aquella descentralización que aparecía como positiva, se manifiesta como un desembarazo elegido y es­perado, en relación a una prestación histórica y significativa del Estado, para el conjunto de la sociedad argentina. Las leyes de la reforma educati­va, aparejadas a los nuevos valores incorporados por el mercado y para el mercado, y por sus defensores, dan cuenta de que el interés central del establishment, podría ser la construcción de un nuevo paradigma educati­vo, diferente y opuesto al anterior, cual paraguas que cobije ahora y acom­pañe pacíficamente después, la imposición y desarrollo de un modelo eco­nómico y político, altamente conservador y excluyente.

En tal sentido podemos decir que «El neo liberalismo instala prescrip­ciones para orientar el comportamiento de la sociedad, cuyos contenidos han acentuado la ponderación de los valores y reglas del mercado, la im­portancia de lo individual frente a lo colectivo, la competencia como eje de las relaciones, la mercantilización de los vínculos y la primacía de lo privado sobre lo público …Trasladadas estas concepciones y prescripciones al ámbito educativo, se establece una articulación inédita entre éste y el mundo laboral, con eje en las demandas del mercado, que termina desna­turalizando el sentido histórico de la función formadora en nuestro país. A ello se agrega la gestación por parte del Estado de un espacio de forma­ción, capacitación y asistencia técnica en el marco de Políticas Sociales focalizadas, mayoritariamente financiadas con recursos de los bancos in­ternacionales, tendiente a paliar los efectos de las desigualdades y desajus­tes que produce el modelo, que se muestran muy claramente, entre otras cosas, en el alto índice de desocupación. En este complejo proceso se ter­mina responsabilizando a la educación de la función de preparar para el trabajo (en realidad para el «empleo») y por ende instalándola, de alguna manera, en instancias estructurales del sistema económico.

SEPTIMA MEDIDA:  La  REFORMA TRIBUTARIA basada en la ampliación de la base de la misma, debía incorporar o mantener la progresividad regulada y fundamentalmente disciplinar la administración y control de la tributación. Este factor incluye la tributación de bienes y capitales en el exterior para evitar la fuga de los mismos; fenómeno común y sobresaliente de los países latinoamericanos.

Lo que parecía paradójico en la R.C.W al descartar a la tributación progresiva como estrategia esencial para sanear la desigualdades, hoy, a estas alturas es evidente; el interés no está puesto en el desarrollo de los países llamados por ellos, emergentes. Probablemente eliminar la tributa­ción progresiva, después de haberla indicado especialmente, sea un resul­tado de las quejas presentadas por los grupos económicos a que hemos hecho más de una referencia, nacionales y foráneos.