OTOÑO DEL 90:  LA ENCRUCIJADA ARGENTINA REFLEJADA EN TRES PLAZAS.

Por Rafael Lorenzo Briazo

“Argentina Reciente” – Diciembre de 2004. – “Otoño del 90:  La encrucijada Argentina Reflejada en Tres Plazas” – Editorial:  Norberto Ivancich.

“Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina ví como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas.”

                                           Ernesto Sábato, El otro rostro del peronismo.

Una encrucijada es un paraje en que se cruzan dos o más calles  o caminos.  A principios de los noventa, el país estaba abandonando definitivamente un camino, para tomar uno nuevo.  En esta “encrucijada argentina” también se cruzaban dos caminos, el primero había sido marcado indeleblemente por la experiencia del peronismo.  Paradójicamente, también fue un gobierno peronista el que se inclino por un camino con un rumbo totalmente diferente que modificó drásticamente las condiciones en las que estaban acostumbrados a moverse los diferentes actores políticos.

El objetivo de este trabajo es narrar los trascendentales cambios que ocurrieron en la Argentina de principios de los 90 para comenzar a entender los momentos de devastación generalizada en que vivimos.  El programa de reformas neoliberales que puso en marcha Menem, generó un nuevo modelo de acumulación de capital y, por consiguiente, sentó las bases de un nuevo país.  Por ese entonces, se había autorizado la venta de activos estatales, se había abierto el proceso licitatorio pero todavía no se había privatizado ninguna empresa pública.

EL GIRO MENEMISTA

El triunfo electoral del candidato peronista, Carlos Menem, en mayo de 1989, representó, la esperanza de revertir la debacle económica alfonsinista, a partir de la concreción de dos promesas de campaña: el “salariazo” y la “revolución productiva”. 

La situación económica era, en esos momentos caótica.  El 8 de julo de 1989 se produjo el traspaso anticipado del poder, en el  marco de un recrudecimiento hiperinflacionario.  “Los precios subieron un 197% en julio, los salarios, entre 110 y 160 % y las tarifas de gas, electricidad y teléfonos, (que habían quedado rezagadas frente a otros precios) un 700%.  Medio salario de un obrero se debía destinar al pago de servicios”.

En este convulsionado contexto se dio un drástico cambio en la orientación política-económica del flamante gobierno.  Menem durante la campaña electoral apeló a un discurso populista clásico que, una vez en el gobierno, abandonó por uno de corte neoconservador.

Como parte de estos cambios, en la campaña reemplazo las formulas peronistas clásicas como “trabajadores” y “compañeros peronistas” por un difuso “hermanos y hermanas de mi patria ” acompañado por invocaciones a recuperar la confianza (el afamado, “síganme, no los voy a defraudar”).

Haya tenido o no un discurso populista en la campaña electoral, lo cierto es que la plataforma programática del PJ nada tenia que ver con el plan de gobierno que se fijo Carlos Menem.  Por intermedio de un audaz giro ideológico, paso a sostener las ideas y el programa que había defendido por años el enemigo acérrimo del peronismo, la derecha liberal, encarnada por ese entonces, en la UCeDe (Unión del Centro Democrático).  El núcleo argumental en que se sustentaba este giro era:  la crisis fiscal y la perdida extrema de capacidades estatales muestra una constitutiva ineptitud del Estado para intervenir en la economía.  Se entronizaba así al mercado como único coordinador imaginable de las decisiones de los agentes económicos.  Este análisis coincidía con el diagnostico neoliberal corporizado, unos años antes, en el “Consenso de Washington”.  Eran dogmas para esta concepción y, lo serian para la administración menemista, la desregulación, la privatización de las empresas de servicios públicos, la descentralización administrativa y la glorificación del libre mercado.  Estas ideas implicaban un “realineamiento automático” con  la política exterior de EEUU y una relación de sumisión con los organismos multilaterales de crédito (el FMI, el BID y el Banco Mundial).  El empresariado argentino estaba fragmentado y, las políticas recomendadas por el “Consenso de Washington”, terminaron de unificar al empresariado como sujeto colectivo.  El gobierno se convenció, y la hiperinflación terminó de persuadirlo, de que su capacidad para implementar políticas sin contar con la anuencia de los actores económicos predominantes era prácticamente nula, entonces, no dudó en aliarse con el mundo empresario aunque este no lo había votado. “ Los peronistas de 1989 no solo se encontraron con capacidades estatales débiles, sino que hicieron de la desarticulación del Estado un programa para forjar alianzas con los actores socioeconómicamente predominantes”.  Así, para ganar la confianza del mundo empresario, Menem se vio obligado a sobreactuar, prometiendo garantías y jugosas ganancias a quienes deseaba convencer, haciendo así un corte abrupto con buena parte de la tradición justicialista.  Para hacer más creíble esta “conversión”, Menem nombró al fundador de la UCeDe, Alvaro Alzogaray, como asesor presidencial para el tratamiento de la deuda externa y puso al frente de la Secretaria de Comercio Exterior al también ucedeista Alberto Albamonte.    Poco mas adelante nombro a Maria Julia Alzogaray como interventora – privatizadora de ENTEL.    Estos nuevos compañeros de ruta reafirmaban en la escena pública la conformación de una nueva coalición para respaldar social y políticamente el programa reformista del gobierno.  Siguiendo esta lógica, el hecho mas trascendente fue el nombramiento de uno de los gerentes del conglomerado multinacional Bunge & Born al frente del Ministerio de Economía, en lo que el gobierno llamaría “alianza estratégica”.  Entregándole el manejo de la economía a una de las multinacionales mas identificadas con el antiperonismo.  Este grupo empresario había hecho grandes aportes de campaña.  El primer ministro de economía, Miguel Roig, duró muy poco en su cargo, al fallecer a la semana de asumir.  Fue reemplazado por otro integrante de la multinacional, Néstor Rapanelli quien, “bajo el supuesto de que lo que era bueno para el grupo exportador Bunge & Born era lo mejor para la Argentina, unifico el tipo de cambio, practica una devaluación de casi el 100 % , decidió un ajuste fiscal e inicio la política de desarticulación del Estado y la extranjerizacion”.

Menem enuncio las claves de su nueva política mediante lo que dió en llamar “economía popular de mercado”, consistente en el fin del intervencionismo estatal, la privatización de las empresas públicas, el ajuste fiscal, la liberalización comercial.  Ese programa reformista era, en realidad, la continuación de la política económica que durante la dictadura militar había llevado adelante el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Frente al programa de reformas la respuesta empresaria fue compleja.  Por un lado se avaló la orientación del plan reformista.  Y, por el otro, se presentaron reacciones y resistencias muy variadas.  Existieron dificultades para encontrar actores organizados decididos a apoyar al gobierno, el apoyo empresarial se daba mas que nada a titulo personal.  En septiembre de 1989 se sancionó una ley clave para el proceso transformador que se avecinaba:  la Ley de Reforma del Estado que autorizó la venta de activos públicos.

La experiencia de la “alianza estratégica” duro solo seis meses y termino en un estrepitoso fracaso.  La devaluación provocó un nuevo espiral inflacionario a la vez que, la política monetaria restrictiva del Banco Central y el ajuste fiscal ahondaron aun  más la depresión económica.  Rappanelli renunció y fue reemplazado por un estrecho colaborador del presidente, Erman González.  “El vacío de poder que dejaba B & B no fue cubierto por otro grupo empresario, sino por un contador público sin base de poder propia en el mundo político ni raíces en el mundo de los negocios que se presentaba “expresando”, no intereses sectoriales, sino una orientación política general, fijada por el presidente.  A pesar de esta “autonomía relativa” respecto a los grupos empresarios, el cambio en el ministerio de economía reflejaba también una gravitación mayor del capital financiero y transnacional en desmedro de algunos capitales nativos vinculados, sobre todo, a la industria.  Alvaro Alzogaray, paso  a ser el mentor del nuevo curso adoptado por el ministro. 

Los sucesivos ajustes solo profundizaron la recesión sin detener la inflación.  En el verano de 1990 se produjo un repunte hiperinflacionario, al que el gobierno respondió, tomando drásticas medidas.  Con el objetivo de bajar las elevadas tasas de interés que pagaba el Estado para su financiamiento, el gobierno ordenó el canje obligatorio de depósitos a plazos fijos por bonos de deuda publica en dólares (Bonex).  En marzo de ese año, el ministro de economía lanzó el programa conocido como Reman III, como parte de este plan se redujeron gastos, se eliminaron reparticiones del sector publico, se iniciaron las privatizaciones y se flexibilizo el régimen de inversión extranjera a la vez que, se congelaban los salarios y se liberaban los precios.

A pesar del desfasaje entre el peronismo histórico y el programa reformista, Menem hacia denodados esfuerzos para revestir a sus acciones de un carácter peronista.  Durante los primeros meses el presidente se valió de una estrategia discursiva dirigida a demostrar que Perón hubiera hecho lo que el estaba haciendo y que las decisiones adoptadas, tendientes a controlar la hiperinflación, redundarían en beneficios inmediatos para los más pobres.

Menem había sido electo presidente como representante de un frente electoral denominado FREJUPO (Frente Justicialista de Unidad Popular).  Recibía además el aporte del PI (Partido Intransigente), el PSA (Partido Socialista Autentico), el PCR (Partido Comunista Revolucionario).  Menem poseía una considerable dosis de independencia con relación a su partido, había logrado su nominación presidencial, constituyendo un liderazgo fuertemente personal.  Se podía decir que, con la llegada de Menem a la presidencia, el peronismo pasó a tener por fin un líder indiscutido.  La crisis hiperinflacionaria termino de aglutinar al justicialismo alrededor de la figura de Menem.  Pero, el menemismo, apareció desde un comienzo, a la vez que como un regenerador del peronismo como un disgregador de este como movimiento populista.  El giro reformista y la alianza con los sectores dominantes iban a fomentar dicho proceso.

Después del horror vivido por el terrorismo de estado, la sociedad civil se reconoció en una imagen de si misma como víctima del poder estatal, y ello se cristalizó en una opinión divorciada de las instituciones estatales en general.  Esto daría origen a una opinión pública tendencialmente antiestatal.  El surgimiento de esta opinión se debe también al minucioso y persistente trabajo que se tomaron los medios de comunicación para inculcar en la gente la idea de que todo lo estatal era ineficiente y que solo la iniciativa privada salvaría al país del abismo.  Desde algunos ámbitos estatales existía la voluntad deliberada de dejar caer el nivel de los servicios públicos para que la ciudadanía estuviera más predispuesta a las ideas privatizadoras.  Las reformas menemistas disfrutaron de una adhesión publica considerable y bastante activa. Durante los primeros meses la popularidad de Menem subió entre el 60 y el 80 %.  Este respaldo le permitió a Menem, arrastrar tras de sí  a los desorientados dirigentes de su partido y jugo decisivamente a su favor frente a la oposición, el parlamento y los actores sociales organizados.  El apoyo social a las reformas menemistas era por demás heterogéneo.  

Los sectores populares eran los que más habían sufrido los estragos de la crisis económica históricamente identificados con el peronismo, estos sectores fueron cautivados por la figura  del candidato riojano y le dieron masivamente su voto  en las elecciones de mayo.

En relación con el Poder Legislativo, el gobierno disfrutó de consenso, durante el inicio de su gestión, frente al Congreso y las fuerzas propias así representadas el Poder Ejecutivo contó con una considerable mayoría en ambas cámaras y no dudó en hacer un uso sistemático y discrecional de los decretos presidenciales.

Para solucionar la cuestión militar, Menem se propuso indultar a todos los condenados y procesados por el terrorismo de estado, a cambio de obtener un compromiso de obediencia militar al poder civil.  Los contactos entre algunos empleados de Menem y los carapintadas eran fluidos antes y después de la asunción presidencial, incluso Menem se reunió en un par de ocasiones con Mohamed Ali Seineldin.  Este romance fue agotándose  a medida que el giro menemista tomaba ribetes escandalosos, haciendo que los carapintadas se sintieran traicionados.

MENEM ELECTO PRESIDENTE

El 9 de Julio de 1989 el presidente Raúl Alfonsín entrego el mando al  electo Carlos Saul Menem. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928, y de la primera vez, desde 1916, que un presidente dejaba el poder al candidato opositor, todo hablaba de la consolidación del régimen democrático y republicano restablecido en 1983. Pero su trascendencia quedo oscurecida por una gran crisis económica. LA HIPERINFLACION, desatada en el mes de abril de 1989 llegó en el mes de julio al 200%, y en diciembre todavía se mantenía en un 40%. Con un estado en bancarrota, moneda licuada, sueldos inexistentes y violencia social, quedo expuesta la incapacidad que en ese momento tenía el estado para gobernar y asegurar el orden.

No fue sólo el veredicto de las urnas sino una compleja trama de negociaciones las que rodearían el retorno del justicialismo al gobierno, a trece años del golpe que había puesto fin a su anterior gestión (1973-1976). El 14 de mayo, la fórmula justicialista compuesta por Carlos Menem y Eduardo Duhalde se había impuesto al binomio radical que encabezaba Eduardo César Angeloz y al que acompañaba Juan Manuel Casella. Las cifras fueron contundentes: 7.862.475 (47,30 por ciento) contra 5.391.944 (32,40). En tercer lugar se ubicó la Alianza de Centro, que postulaba al ucedeísta Alvaro Alsogaray y al demoprogresista Alberto Natale. No hubo necesidad de negociaciones en el Colegio Electoral que, por tratarse hasta entonces de elecciones indirectas, era el encargado de elegir al futuro presidente. Las elecciones tuvieron un marco que reflejarían estos planos: una profunda crisis económica que terminó con el ministro Juan Vital Sorrouille, reemplazado por Juan Carlos Pugliese, poco después sucedido en el cargo por Jesús Rodriguez y, al final de mayo, hiperinflación y asalto a supermercados en el conurbano, Rosario y otras ciudades. El resultado electoral y estos hechos tornaban muy lejana la fecha del 10 de diciembre para la transferencia del poder. Finalmente, se negoció una entrega anticipada,  lo cual se concretó el 8 de julio. Ese día, Menem juró y brindó su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, seguido con mucha atención desde la Casa de Gobierno, hacia donde luego se dirigió para recibir la banda y el bastón de mando de parte de Alfonsín.

HIPERINFLACIÓN

El proceso por el cual la inflación se transformaría en hiperinflación comenzó cuando el 6 de febrero de 1989, el ministro de Economía, Juan Vital Sorrouille, anuncia una reforma cambiaria. Con una inflación que en enero alcanzó al 8,9 % y una situación social tensa, caldeada aun más por los cortes energéticos realizados en pleno verano, el Plan Primavera había colapsado. El anuncio de devaluación que realiza Sorrouille dispara el precio del dólar. Nuevamente la especulación domina el mercado cambiario. La zona de la City porteña se puebla de vendedores ambulantes llamados «arbolitos» que venden moneda estadounidense regateando los precios. Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba, del partido radical que está en el Gobierno, exige la renuncia de Sorrouille. El 31 de marzo, asume Juan Carlos Pugliese en reemplazo del gestor del Plan Austral. En abril, la inflación trepa al 33 % y se agita el fantasma del estallido social. A mediados de mayo, la inflación, que alcanza el 78,4 % mensual, se convierte en hiperinflación. Pugliese es reemplazado por Jesús Rodriguez. En tanto, ya no hay precios, salvo en dólares, se corta la cadena económica y hay desabastecimiento. La desvalorización es tan rápida que la gente se defiende cambiando su dinero por alimentos apenas cobra su salario. Tras el triunfo electoral en los comicios presidenciales del 14 de mayo, a fines de ese mes se producen saqueos a supermercados que son fuertemente reprimidos. Alfonsín debe dejar el mando seis meses antes de lo previsto. El 8 de julio, asume Carlos Saúl Menem. En la cartera económica es nombrado Miguel Angel Roig, directivo de la empresa Bunge y Born. El nuevo ministro fallece a los pocos días de asumir y lo reemplaza Nestor Rapanelli del mismo grupo empresarial. El flamante titular de la cartera económica aumenta un 500 % el precio de la nafta y un 350 % las tarifas de los servicios públicos. También se decreta un aumento salarial del 130 %, tras lo cual se dispone un congelamiento de precios por 90 días. En diciembre recrudece la hiperinflación. El dólar pasa de 650 a 1.800 australes. Rapanelli debe abandonar su cargo y el nuevo ministro es Erman González, hombre de confianza del presidente Menem.

PLAN  DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA COMBATIR LA HIPERINFLACIÓN

   Lo nuevo no era la crisis, sino la violencia. Para enfrentarla existía una mágica receta; facilitar la apertura de las economías nacionales, para  posibilitar su adecuada inserción en el mercado globalizado y desmontar los mecanismos del Estado interventor y benefactor, tachado de costoso e ineficiente. En el caso de la Argentina, y de América Latina en general, esas ideas se habían decantado en el llamado Consenso de Washington, las agencias del gobierno norteamericano y las grandes instituciones internacionales de crédito , como el FMI y el Banco Mundial , transformaron  estas formulas en recomendaciones o exigencias, cada vez que venían en ayuda de los gobiernos para solucionar los problemas coyunturales del endeudamiento.  Economistas, asesores financieros y periodistas se dedicaron con frecuencia a difundir el nuevo credo, y gradualmente lograron  instalar estos principios simples en el sentido común.  Su éxito coincidió con la convicción generalizada de que la democracia por sí sola  no bastaba para solucionar los problemas económicos.

    Según él diagnostico dominante, la economía argentina era poco eficiente debido a la alta protección que recibía el mercado local, y al subsidio que, bajo formas variadas, el Estado otorgaba a distintos sectores económicos;  todos los que en la larga puja distributiva habían logrado asegurar su cuota de asistencia. A la ineficiencia productiva, que dificultaba la inserción en la economía mundial globalizada, se suma el déficit crónico de un Estado excesivamente prodigo, que para saldar sus cuentas recurría de manera habitual a la emisión monetaria, con su consiguiente secuela de inflación. Se cuestionaba todo un modo de funcionamiento, iniciado en 1930 y consolidado con el peronismo. Algunos discutían si la crisis era intrínseca a ese modelo, o si se debía al prodigioso endeudamiento externo generado durante el Proceso, que coloco al Estado a merced de los acreedores y banqueros. Pero la conclusión era la misma: la inflación y el endeudamiento, que sirvieron durante mucho tiempo para postergar la solución de problemas y consecuentemente su agravamiento, finalmente había desembocado  en el  colapso de 1989.

    La receta que difundía el FMI, el Banco Mundial y los economistas de prestigio era simple.  Consistía en reducir el gasto del Estado al nivel de sus ingresos genuinos, retirar su participación y su tutela de la economía y abrirla a la competencia internacional: ajuste y reforma.  En lo sustancial, ya había sido propuesta por Martínez De Hoz en 1976, aunque se ejecución estuvo lejos de estos supuestos.  Pero era difícil

de aceptar.  La resistían todo los que aun vivían al calor de la protección estatal, incluyendo a los grandes grupos económicos, partidarios genéricos de estas medidas, pero reacios a  aceptarlas en aquello que les afectara específicamente. También la enfrentaron quienes – no sin razones- asociaban las reformas propuestas con la pasada dictadura militar.  Bajo el gobierno de Alfonsin, en su último tramo, se admitió la necesidad de encarar ese programa: hubo una cierta apertura comercial, y un proyecto de privatizar algunas empresas estatales, que chocó en el Congreso con la oposición del revitalizado peronismo y la reluctancia de muchos radicales. La crisis de 1989 allanó el camino a los partidarios de la receta reformista según un consenso generalizado, había  que optar entre algún tipo de transformación profunda o la simple disolución del Estado y la sociedad.

 El nuevo presidente fue uno de los conversos. Menem encauzó la crisis como una oportunidad de cambio: la conmoción social era tan fuerte, había tanta necesidad de orden público y estabilidad, que la medicina hasta entonces rechazada resultaría tolerable hasta apetecible.  Así lo han señalado Juan Carlos Torres y Vicente Palermo.  Por otra parte, esa medicina era de agrado de las instituciones internacionales de crédito y del selecto grupo de gurues  que las asesoraba, es decir, de las fuerzas capaces de agitar o calmar las aguas de la crisis.

   Para emprender el camino hacia el ejercicio efectivo del poder, Menem debía  ganarse su apoyo.  Un punto tenia a su favor: su incuestionable voluntad política. En la campaña electoral prometió el ´´SALARIAZO´´ y la ´´REVOLUCIÓN PRODUCTIVA´´, según el más tradicional estilo peronista, ese que por entonces procuraba modificar los ´´RENOVADORES´´.  En suma, con el parecía retornar el viejo peronismo.

Aunque pronto sacrifico buena parte del bagaje ideológico y discursivo del peronismo, Menen fue fiel a lo más esencial de este: el pragmatismo.  En un giro copernicano, se declaro partidario de la economía popular de mercado, abjuro del estatismo, alabó la apertura, proclamo la necesidad y bondad de las privatizaciones y se burló de quienes se habían quedado en el 45. Urgido por ganar esa confianza y extender su escaso margen de maniobra, Menem apelo a gestos casi desmedidos, se abrazó con el almirante Rojas, se rodeo de los Alsogaray – padre e hija- y confío el Ministerio de Economía sucesivamente a dos gerentes del mas tradicional de los grupos económicos- Bunge y Born-, que según se decía traía un plan económico mágico y salvador.

EMERGENCIA ECONÓMICA,  REFORMA DEL ESTADO Y REFORMA FISCAL

   Durante los dos años iniciales, mientras trataban de superar la crisis, la inflación y la inestabilidad, Menem y sus colaboradores directos estuvieron dando examen ante los mercados. Lo primero era ganar libertad de acción y sortear las trabas que limitaron a Alfonsin. Aprovechando el descalabro del radicalismo, apenas iniciado el gobierno, Menem hizo aprobar por el Congreso dos grandes leyes: La de EMERGENCIA ECONOMICA que suspendía todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción y autorizaba el despido de empleados estatales. La  ley de REFORMA DEL ESTADO declaraba la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales y delegó en el presidente elegir la manera específica de realizarla. Poco después, el Congreso autorizo la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, con 4 nuevos jueces el gobierno se aseguró la mayoría y aventó la posibilidad de un fallo adverso en cualquier caso litigioso que generaran las reformas.

Para darle solución a la situación económica  se adoptó  una estrategia dual que apuntó, en el corto plazo, a atender la coyuntura y frenar la inflación con una política de cambio fijo, con restricción crediticia, rigurosas medidas fiscales y salariales.  En el mediano y largo plazo se comenzó un amplio programa de reformas estructurales y mayor apertura económica a fin de lograr una transformación nacional.  Los tres pilares de esta política fueron las leyes de Reforma del Estado, de Emergencia Económica y de Reforma Fiscal.

   La ley de emergencia económica 23.697 aprobada en septiembre de 1989 puso en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado con el fin de superar circunstancias económicas y sociales.  Suspendió por 180 días los subsidios y subvenciones, los regímenes de promoción industrial, los regímenes de promoción minera y el régimen de compre nacional.   Prohibió por igual plazo efectuar contrataciones o designaciones de personal que importaran  incrementar el gasto en el ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Administración pública centralizada y descentralizada.

 La ley 24.144 aprueba la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina estableciendo una nueva política monetaria y financiera.

 Reestructura la deuda pública interna, con los jubilados y proveedores, mediante la emisión de un Bono de Consolidación que unifica y reprograma los vencimientos de la misma.  Los Bocón que reemplazan a letras  ajustables, certificados de participación y depósitos a plazo fijo podrán ser con diferentes ajustes: tasa de interés, precios, dólar, lámina Bonex 1982.

 A partir de enero de 1990, a través del llamado “plan Bonex” se prohíben los depósitos a plazo fijo y aun su renovación, disponiéndose su pago mediante el canje obligatorio en Bonex serie 1989.  La misma conversión se utiliza para todos los títulos de deuda interna del  gobierno.  Con esta medida se redujo el circulante. 

     En el ámbito de las reformas estructurales la acción del gobierno también se ocupó prioritariamente de la materia impositiva, como medio para asegurar el financiamiento del gasto público, con un aumento de la recaudación impositiva.   Se dictan de esta forma las leyes 23.771, sobre régimen penal tributario, y 23.905, que modifica la normativa sobre impuestos a los débitos en cuenta corriente y otras operatorias; sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, de sellos, sobre los activos, a las ganancias, al valor agregado, a la transferencia de inmuebles, al procedimiento tributario, donaciones y tributos aduaneros.  De este modo se generaliza el IVA, impuesto al valor agregado que grava el consumo.

  Buscando resultados rápidos, el gobierno se concentró en la rápida privatización de ENTEL, LA EMPRESA DE TELEFONOS,Y LA DE AEROLINEAS ARGENTINAS.

La ingeniera Maria Julia Alsogaray fue instruida para concluir la privatización telefónica antes del 8 de octubre de 1990,  fecha del cumpleaños de Perón y el de ella.       Se aseguró a las nuevas empresas un sustancial aumento de tarifas, escasas regulaciones y una situación monopólica por varios años. En poco más de un año se habían privatizado la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y de las                 áreas petroleras.                                                                    

 También se proclamó la apertura económica, otro punto fundamental del dogma.  Los gobernantes estaban tironeados por dos objetivos urgentes y contradictorios reducir la inflación, siempre rebelde, importando productos baratos, o mejorar la recaudación fiscal, cobrando derechos elevados. En cambio, ante el déficit fiscal, el problema mas urgente, no hubo ambigüedades: se trataba de recaudar más, y rápidamente, aumentando los impuestos mas sencillos- el valor agregado y a las ganancias- sin considerar dos cuestiones: la mejora del ahorro  y la inversión, y algún criterio de equidad social.

PLAN BONEX

Pese a los fondos que el Estado obtuvo con las privatizaciones y la mejora en la recaudación fiscal, en los dos primeros años el gobierno no logró alcanzar la estabilidad. La inflación se mantuvo alta. Quizá por eso no se lamentó la salida del gobierno de Bunge y Born cuando, a fines de 1989, se produjo una segunda hiperinflación, y nuevamente hubo saqueos y pánico. Erman González, nuevo Ministro de Economía. Se apropió de los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos a largo plazo en dólares: El Plan Bonex. González recibió los consejos de los bancos acreedores y de Alvaro Alsogaray y aplicó una receta conocida- se sentó sobre la caja- restringió al máximo los pagos del estado y la circulación monetaria.

 El 10 de enero de 1990, Erman González, flamante ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, anuncia el Plan Bonex. El mismo establece que los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro especial serán reintegrados a sus propietarios en Bonos Externos (Bonex). Como medida complementaria se suspenden transitoriamente las operaciones bancarias a plazo fijo. Se llega a esta situación después de que el 28 de diciembre de 1989, último día hábil del año anterior, el dólar cerrara su cotización a 2.000 australes y las tasas de interés treparan al 600 %  mensual. En esta situación hiperinflacionaria se esperaba que el 2 de enero, al reabrirse los mercados, la cotización de la divisa estadounidense alcanzaría los 4.000 australes. Con la aplicación del paquete de medidas implementadas por González se reduce significativamente el volumen de recursos monetarios en manos del público y se elimina casi en su totalidad la carga de intereses a corto plazo de la deuda pública interna. El Estado queda prácticamente como el único demandante de divisas. Se produce una fuerte caída de la liquidez que reduce el valor de la moneda estadounidense. La inflación en enero, sin embargo, pese al contexto recesivo generado por las medidas, llega al 80 %, duplicando el porcentaje que alcanzó en diciembre de 1989. Las tarifas públicas, que no se modifican desde la asunción del ministro, muestran un serio deterioro. En febrero se decide un aumento que duplica los valores de los servicios públicos. Esta alza, unida a la creciente devaluación, acelera el ritmo del aumento de precios que en abril alcanza un incremento superior al 200 %. En marzo, Economía se hace cargo del control de las empresas del Estado y le prohíbe al Banco Central financiar el déficit del Tesoro. La confianza en la nueva gestión se recupera de a poco y la inflación cede paulatinamente. Hasta el último trimestre del año se alcanza una relativa estabilidad que desaparece en diciembre cuando las contradicciones del esquema llevado adelante por el ministro Erman Gonzalez hacen imposible su continuidad.   La Corte suprema de Justicia convalidó posteriormente esta medida en el fallo “Peralta” donde expresó que suspender los efectos de los contratos era lícito y  no se vulneraba la garantía de la propiedad  del artículo 17 de la Constitución Nacional.

A fines de 1990, con la economía nuevamente en estado critico, estalló el escándalo conocido como SWIFTGATE.

No era ni el primero ni el último de los asuntos escandalosos del gobierno de Menem. Los ministros Eduardo Bauza  y Roberto Dromi y la Ing Alsogaray fueron acusados de beneficiarse con las privatizaciones. El diputado José Luis Manzano y Emir Yoma, regenteaban un centro de tráfico de influencias denominado la CARPA CHICA: Una frase de Manzano- yo robo para la corona se hizo célebre. El caso Swift, que estallo en diciembre de 1990, se diferencio porque la perjudicada en una operación de chantaje era una empresa norteamericana, que acudió al embajador Todman y movilizó al propio gobierno estadounidense. Hubo una renuncia de todo el gabinete y una serie de rotaciones que a principios de 1991 llevaron al Ministro de Economía al hasta entonces  canciller Domingo Cavallo.

CONVERTIBILIDAD

  El 31 de enero de 1991 es designado Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía. El 27 de marzo, mediante la sanción de la ley 23.928 por el Congreso de la Nación, el nuevo ministro pone en práctica el llamado Plan de Convertibilidad. La nueva normativa reemplaza al austral por una nueva moneda, el peso, cuyo valor es igual a un dólar. Esta paridad con la moneda estadounidense  sólo puede ser alterada por una nueva ley del Congreso. El régimen de la nueva ley establece también que cualquier emisión monetaria debe realizarse únicamente con respaldo de divisas del Banco Central. Con estas medidas se eliminan todo tipo de expectativas inflacionarias. A partir de la aplicación de la nueva ley, los gastos del Estado solo se financian con ingresos tributarios o créditos. El ministerio de economía se esmera en mejorar la recaudación impositiva. Se persigue a los grandes evasores y se generaliza el uso de facturas y la inscripción tributaria. Pero en realidad, la fuente de ingresos para lograr el equilibrio presupuestario se basa en los créditos externos. En agosto la inflación alcanza apenas 1,3 %. Como consecuencia de tener que acordar con los bancos externos para conseguir préstamos, se acelera el proceso de privatizaciones. Se eliminan 10 organismos del Estado y se aplica un plan de retiros voluntarios al que se acogen 60.000 agentes estatales.

   La trascendente LEY DE CONVERTIBILIDAD, estableció una paridad cambiaría fija, simbólicamente un dólar equivalía a un nuevo dólar, y se prohibía al poder Ejecutivo no solo modificarla sino emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. El estado, que tantas veces había emitido moneda sin respaldo para superar su déficit, se ataba las manos para convencer de sus intenciones a los operadores a la vez renunciaba a la principal herramienta de intervención en la economía. A ella siguió otra decisión igualmente categórica: la reducción general de aranceles- cayeron a una tercera parte de su anterior valor-que concretaba las tantas veces anunciada apertura económica. Los resultados inmediatos fueron magníficos, terminó la huida hacia el dólar, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de intereses, cayó la inflación, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal, se logro el acuerdo con los acreedores externos, en el marco del Plan Brady: la Argentina volvió a ser confiable para los inversores.

Este arreglo fue providencial. Frente a la voluntad reformista, no era seguro que el estado lograra equilibrar sus cuentas, un poco lo logró por una mejora en la recaudación_ los sabuesos- de la DGI persiguieron hasta a los ricos y famosos y todo el mundo debió exhibir su CUIT.  El numero tributario, convertido en un nuevo documento de identidad. Pero eso no hubiera bastado sin la masa de prestamos e inversiones del exterior, que estaban a la búsqueda de mercados emergentes. Entre 1991 y 1994 entró al país una masa considerable de dólares, con los que el estado saldó su déficit, las empresas se requisaron y, por vías indirectas, la gente común incrementó su consumo.  Este flujo generó optimismo y confianza, y disimuló los costos de la reforma, el ajuste estructural dejo de parecer penoso, la convertibilidad logro amplio consenso, y el gobierno se impuso holgadamente en su primer compromiso electoral, a fines de 1991.

PRIVATIZACIONES

  Cavallo avanzó con firmeza en las reformas, pero las llevó adelante con más prolijidad.  Se continuó con la venta de las empresas del Estado, pero la privatización de las de electricidad, gas y agua, incluyó garantías de competencia, mecanismos de control y hasta ventas de acciones a particulares.  YPF la más emblemática de las empresas estatales, fue privatizada, pero el Estado conservó una cantidad importante de acciones, y los ingresos obtenidos se destinaron a saldar las deudas con los jubilados, lo que atenúo posibles resistencias.

  El 10 de enero de 1992, se aprueba el Presupuesto con las nuevas pautas que impone la aplicación de la ley de convertibilidad. El Estado debe reducir las gastos y recaudar más para cubrir las necesidades fiscales. La D.G.I. trabaja a toda máquina persiguiendo evasores «ricos y famosos» como forma de crear conciencia pública de que la evasión es un delito que será reprimido. Se generaliza el uso de las facturas y la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T). El Estado reduce gastos disminuyendo las partidas presupuestarias para los gastos de salud y educación, lo cual crea innumerables inconvenientes en estas áreas. Se paralizan también varias obras públicas. Por otro lado se acelera el proceso de  privatizaciones para aumentar la disponibilidad del fisco por un lado y cumplir con las exigencias de los bancos internacionales, por el otro. Varias empresas de servicios públicos pasan a manos de capitales privados: Obras Sanitarias de la Nación, Gas del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (S.E.G.B.A.) y la mayoría de los ramales ferroviarios. Se aprueba también la ley que permitirá la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.). Se sanciona una Ley de Empleo que desregula parcialmente los contratos de trabajo. Con la oferta de acciones de las ex empresas estatales se produce una euforia bursátil. Las acciones se cotizan muy bien al principio hasta que finalmente caen. Durante el año el producto bruto interno crece algo más del 8 %. La inflación alcanza el 17 % en todo el año, la desocupación es del 7 % y la deuda externa se mantiene estable en 60.000 de dólares. 

RÉGIMEN PREVISIONAL MIXTO

    El 22 de septiembre de 1993, el Senado transformó en ley la modificación del sistema previsional que había tenido un complejo paso por la Cámara de Diputados. La ley respondía a un reclamo del ministro de Economía, Domingo Cavallo, convencido de la necesidad de poner fin al sistema estatal, basado en el sistema solidario de reparto para reemplazarlo por otro, en el que también empresas privadas se ocupasen de administrar e invertir los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores. De esta manera, quería liberar al Estado del creciente déficit que provocaba el sistema estatal. La ley Nº 24.241 fue vetada parcialmente y, no obstante, promulgada sin volver al Congreso como constitucionalmente hubiera correspondido. De las 1.219 leyes aprobadas entre 1983 y 1993  fue la que mayor relación tuvo con las protestas de los jubilados de cada semana frente a Diputados. Hasta su fallecimiento, en esas protestas se destacó Norma Plá. Precisamente por el problema de los jubilados, Plá había hecho llorar públicamente a  Cavallo cuando un día la recibió ante los periodistas en una comisión de la Cámara de Diputados. Por esa misma ley, por primera vez, un diputado en pleno recinto acusó a otro de corrupción. El destinatario de ese ataque fue el diputado Juan Carlos Sabio, el único representante del partido Blanco de los Jubilados, que había llegado al Congreso para oponerse a la ley y, a último momento, terminó votándola a favor. La acusación en su contra la hizo un diputado que comenzó a tener una figuración creciente: Carlos «Chacho» Alvarez. Por entonces, Alvarez integraba un bloque separado del justicialismo, inicialmente de ocho miembros y reducido a cinco ese año. 

   Se encaro la reforma del régimen previsional, en lugar de fundarse en la solidaridad de los activos con los pasivos, cada trabajador pasaría a tener su cuenta de ahorro propia, administrada por una empresa privada. Hubo muchas resistencias, que se expresaron en el Congreso, y luego de una larga negociación se decidió mantener el régimen estatal.

DESEMPLEO

     Similar criterio se tuvo con la reforma de los regímenes laborales, un campo en el que el gobierno, enfrentado con los sindicatos, apenas avanzó, y con la desregulación de las obras sociales, otro tema crucial para los sindicalistas. Con  los gobiernos de las provincias se firmo un Pacto Fiscal, para que acompañaran la política de reducción de gastos, pero se tuvo una amplia tolerancia con una serie de recursos que esos gobiernos utilizaban para paliar los efectos del ajuste y practicar el clientelismo político.

Vistos en perspectiva, a la luz de los anteriores y posteriores, fueron tres años dorados: El producto Bruto creció sostenidamente, a tasas mas que respetables, se expandió el consumo, gracias a sistemas crediticios con cuotas pactadas en dólares, la inflación cayo drásticamente, creció la actividad económica y el estado mejoro su recaudación y hasta gozo de un par de años de superávit fiscal, en buena medida a los ingresos por la privatización de las empresas.

Esta bonanza oculto por un tiempo los aspectos más duros, y a la larga los mas perdurables, de la gran transformación.  El más notable fue el desempleo.  Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos. Los efectos se disimularon al principio, por las importantes indemnizaciones pagadas, pero explotaron a partir de 1995. Si las empresas quebraban, dejaban a todo el mundo en la calle; si mejoraban su rendimiento, se llegaba al mismo punto: trabajadores que sobraban.  En este aspecto fue decisiva la flexibilización de las condiciones laborales; se produjo de hecho, y la posibilitó la baja capacidad de resistencia de las organizaciones sindicales, que cuando recurrieron a la huelga fueron derrotadas.

El desempleo, que en 1993 supero la línea histórica del 10%, era un dato grave, pues se producía en un contexto de expansión económica y crecimiento global del producto. Otro sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados estatales o los jubilados, por el encarecimiento de los servicios públicos, debido a las privatizaciones de las empresas, por el cierre de sus establecimientos, como muchos empresarios pequeños o medianos, o por los cortocircuitos financieros de varios gobiernos provinciales: en Santiago Del Estero, Jujuy o San Juan se produjeron las primeras manifestaciones publicas y violentas de descontentos por el nuevo orden.

Por esos años, el gobierno ensayo algunas medidas paliativas, de corto alcance, aprovechando que los recursos fiscales podían estirarse aumentado el endeudamiento. Un poco los sectores populares se beneficiaron con el aumento de distintos programas sociales, cuyos efectos sin embargo se diluyeron por la mala administración y la orientación clientelística.

Se atenúo la apertura económica, para atender las protestas mas fuertes; así la industria automotriz recuperó casi todos sus beneficios tradicionales. Los sectores exportadores recibieron subsidios, reintegros y compensaciones fiscales. Los afectados de mayor envergadura, las empresas que habían sido contratistas del Estado, recibieron el premio mayor: participar en condiciones ventajosas de las privatizaciones.

MENEM Y EL MANEJO DEL PODER

    Luego de electo, mientras se ganaba la confianza de los poderosos, Menem  se dedicó a adueñarse del poder del estado, trastocando o subvirtiendo algunas de sus instituciones. Las dos leyes obmnibus iniciales, destinadas a afrontar la crisis económica, le dieron importantes atribuciones que manejo discrecionalmente, y la ampliación de la Corte Suprema le aseguro una mayoría segura; la Corte fallo a favor del ejecutivo en cada situación discutida, y hasta avanzo por sobre jueces y Cámaras, mediante el novedoso recurso del per saltum. En la misma línea de eliminar posibles controles y restricciones, el Presidente removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al Fiscal General – el prestigioso Ricardo Molinas-, nombró por decreto al Procurador General de la Nación, redujo el rango institucional de la Sindicatura General de Empresas Publicas y desplazó o reubicó a jueces o fiscales cuyas iniciativas resultaban incómodas.

Menem combinó la discrecionalidad con un estilo de gobierno más propio de un príncipe que del jefe de un Estado Republicano.

La corrupción se practicaba ostentosamente …nadie hizo la plata trabajando, declaro el sindicalista Luis Barrionuevo, antes de proponer, la solución para los males del país,…dejar de robar durante dos años. Era el signo de pertenencia a la cúspide del poder. Luego la corrupción se normalizo, así como se encontró la manera  de estabilizar la economía, también se aprendió a transferir discretamente los recursos públicos a los patrimonios privados. Distintos personajes notables, representantes de los grandes lobbies o iniciadores de una fortuna nueva, tenían acceso privilegiado a las decisiones del gobierno y destinaban parte de los beneficios obtenidos a vastas  cajas negras, cuyo contenido se redistribuía ampliamente, según normas de rango y jerarquía.

En suma, técnicamente hablando, el país estuvo gobernado por una banda. Desde principios de 1991 compartió responsabilidades con el profesional grupo de técnicos dirigido por Cavallo. Eran dos equipos diferentes pero complementarios: Menem y Cavallo, tan distintos entre sí, armonizaron y se potenciaron: fue la suma de la arbitrariedad y del eficientismo, que creció y se desarrolló a costa de las instituciones públicas.

A fines de 1994, en plena campaña electoral, Menem aun declaró enfáticamente, el Mingo no se va.

El talento político de Menem se manifestó, sobre todo, en su capacidad para hacer que el peronismo aceptara las reformas y el giro copernicano impuesto respecto a sus tradiciones. El peronismo de 1989 ya no era el mismo. Luego de la derrota de 1983, había abandonado progresivamente sus características de movimiento, sólidamente anclado en las organizaciones gremiales, para convertirse en un partido de forma mas convencional, con comités, organizaciones distritales y una conducción nacional elegida por el voto directo. Los triunfos electorales, y el control de las gobernaciones e intendencias, permitieron a los cuadros políticos independizarse de las cajas gremiales, de modo que disminuyo el peso de los sindicalistas.

Esos cambios no alteraron la solidez de la identidad peronista, ni tampoco su tradicional criterio de jefatura o liderazgo, aunque es significativo que Menem llegara allí por una elección interna.  Menem consiguió también sumar algunos recursos adicionales: reunió apoyos fuera del movimiento, en la UCEDE del Ing Alsogaray, o entre connotados comunicadores sociales, muy vinculados al establishment, como Bernardo Neustad, que le organizaron una de sus pocas manifestaciones plebiscitarías, la Plaza del Si, en abril de 1990.

Menem sabia comunicarse fácilmente con la gente en general, sin necesidad de montar la compleja maquinaria de la movilización callejera: en lugar de hablar en la plaza, le bastaba con responder a entrevistas radiales o visitar los programas de televisión más populares.  Menem demostró que, en última instancia  podría prescindir del peronismo y de sus cuadros.

Menem fue recomponiéndolos. El movimiento renovador se disolvió, y muchos de sus dirigentes se incorporaron a la caravana menemista.

Antonio Cafiero, en cambio, fue ominosamente derrotado cuando pretendió reformar la Constitución de la Provincia de Bs. As para ser reelecto, debió ceder la presidencia del partido a Menem y la gobernación  al vicepresidente Eduardo Duhalde, quien constituyó en la provincia un poderoso bastión desde donde avizorar la sucesión de Menem. Entre los sindicalistas, Saul Ubaldini reivindicó la tradición histórica, dividió la CGT e intentó nuclear a los más directamente golpeados por las reformas, como los trabajadores estatales o los telefónicos. Pero  Menem logro la adhesión de otros sindicalistas, que advirtieron los beneficios de plegarse a la política reformista, y sobre todo los costos de no hacerlo, muchos dirigentes obtuvieron beneficios personales y, algunos gremios como Luz y Fuerza, transformados en organizaciones empresarias, participaron de las privatizaciones.

En los comicios de 1991, Menem lanzó al ruedo a nuevos dirigentes; los gobernadores de Tucumán, Ramón Palito Ortega y Carlos Lole Reuteman. La elección fue un éxito para el presidente, y convenció a los dudosos de que el peronismo tenía un nuevo jefe. Las reticencias iniciales se apagaron, con excepción de un pequeño grupo de diputados, Los Ocho, encabezados por  Carlos Chacho Alvarez, que abandonaron el partido. Fue entonces cuando Menem comenzó a hablar de la actualización doctrinaria del  peronismo, declaró que se apartaba de la línea histórica trazada por Perón, aunque asevero que el líder hubiera hecho lo mismo, y empezó a pensar en la posibilidad de su reelección.

Fuera del peronismo, la oposición política fue mínima. La UCR no pudo remontar el descrédito de 1989, y en las elecciones de 1991 solo ganó en la Capital Federal, Córdoba, Río Negro, Chubut y Catamarca.

En 1993 perdió inclusive en la Capital Federal. Los radicales no sabían como enfrentar a Menem. En 1990 Menem clausuró el flanco militar, quedándole sólidos contactos con los carapintadas, y en especial con el Coronel Mohamed Alí Seineldin. Es posible que conociera y hasta alentara el levantamiento de fines de 1988. Cumplió con ellos, indultándolos a fines de 1989. Pero Menem no introdujo ninguna modificación sustancial en la conducción del ejército, como reclamaban los carapintadas. En diciembre de 1990 y luego de varias provocaciones Seineldin encabezó un levantamiento que comenzó de manera desafortunada: los sublevados mataron a dos oficiales. El episodio termino de definir los campos: Menem ordenó una represión en regla y los mandos militares respondieron. Hubo en total 13 muertos y mas de 200 heridos, los responsables fueron juzgados y Seineldin, que asumió toda la responsabilidad, resulto condenado a prisión perpetua.

Poco después asumió el mando del Ejercito el General Martin Balza que acompaño a Menem hasta el final de su segundo gobierno.Menem encontró un jefe notable, que mantuvo la disciplina y la subordinación del Ejercito en medio de las circunstancias dificiles.  El presupuesto militar fue drásticamente podado y se privatizaron numerosas empresas militares. En 1994 en el cuartel de Zápala murió un conscripto-Omar Carrasco-victima de malos tratos, el escándalo, cuando Menem preparaba su reelección, culmino en la supresión del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un sistema de voluntariado profesional.

Un apoyo similar encontro Menem en la Iglesia, en la figura del cardenal Antonio Quarracino, arzobispo de Bs As.   Un grupo de obispos que creció a medida que se agudizaban los efectos del ajuste y la reforma, se hizo vocero del amplio sector de las victimas y reclamó del gobierno políticas de sentido social. Quarracino moderó este coro de disconformes, y evitó pronunciamientos masivos de la Conferencia Episcopal en cambio Menem lo acompañó en la defensa de las posiciones más tradicionales, sostenidas por el Papa, como el rechazo del aborto y el derecho a la vida.

Otro apoyo como los anteriores lo obtuvo de los presidentes norteamericanos.  Menem estableció excelentes vínculos personales con George Bush, los recreo rápidamente con Bill Clinton, y pudo acudir a ellos en busca de respaldo. El canciller Guido  Di Tella estableció relaciones que este denomino carnales, complementarias del acuerdo alcanzado con los bancos acreedores. En consecuencia, los embajadores norteamericanos opinaron cotidianamente sobre todo tipo de cuestiones internas, la Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados, se clausuró el Proyecto Cóndor de construcción de Misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales norteamericanas, y se acompañó simbólicamente a EEUU en sus empresas militares, enviando tropas al Golfo Pérsico y a Yugoslavia. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente tuvo un precio alto: dos terribles atentados con explosivos: en la Embajada de Israel y en la AMIA

ATENTADOS A LA  EMBAJADA DE ISRAEL Y AMIA

El 17 de marzo de 1992, a las 14.50, instantes después que pasara por el lugar un patrullero de la Policía Federal en un recorrido de rutina, un poderoso explosivo estremeció la zona de Retiro y amplios sectores de la ciudad. En una acción sin precedentes fue literalmente volada la sede diplomática de Israel, ubicada en la intersección de Arroyo y Suipacha. La bomba demolió prácticamente todo el edificio y produjo daños en una iglesia vecina. La remoción de escombros demandó varios días en una búsqueda desesperada de sobrevivientes. Entre los muertos hubo un sacerdote católico. En un comunicado de la organización extremistas Jihad Islámica se adjudicó el hecho, del que el Gobierno acusó a grupos fundamentalistas y nazis. Sin que razonablemente una cuestión tuviera que ver con la otra, el Gobierno había tomado la decisión de abrir los archivos referidos a la actuación del nazismo en la Argentina, lo que se concretó con una ceremonia realizada el 3 de febrero. El atentado tuvo un alto número de víctimas (29 muertos y más de un centenar de heridos) y quedó asociado en las especulaciones periodísticas con la política del Gobierno de alto compromiso en la problemática de Oriente Medio a partir de su intervención, el año anterior, en la Guerra del Golfo. Es decir, en el conflicto que desató Saddam Hussein al ordenar la invasión de Irak a Kuwait, pequeño Estado pero quinto exportador mundial de petróleo. La Argentina había sumado su participación en las fuerzas comandadas por Estados Unidos, un asunto de amplio debate en la Cámara de Diputados porque se hizo sin autorización expresa del Congreso. El 19, en respuesta a una convocatoria de la comunidad judía y de varios partidos, una numerosa concurrencia  manifestó por las calles céntricas su profundo repudio al atentado. El espanto no se limitaría a esa terrible explosión, como se comprobaría después. 

  El 18 de julio de 1994 se concretó un nuevo y grave atentado contra la colectividad judía. Por la mañana un fuerte explosivo destruyó gran parte del edificio del barrio de Once donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA),  con otro elevado número de víctimas (86 muertos y casi el doble de heridos), además de la pérdida de valiosos bienes. En el episodio hubo detenidos pero la voluminosa causa que comenzó a instruirse en el juzgado federal de Juan José Galeano no había llegado seis años después a reunir las suficientes pruebas para confirmar la hipótesis del delito, la conexión de comandos extranjeros con grupos locales, ni tampoco determinado fehacientemente a los ejecutores y responsables intelectuales del hecho. Debido a la magnitud de la acción, directamente vinculada al atentado contra la Embajada de Israel, del 17 de marzo de 1992, en el Congreso de la Nación se creó una comisión bicameral de seguimiento de ambos episodios. Uno de sus dictámenes, que lleva la firma de Carlos Alvarez y Federico Storani, escrito por Melchor Cruchaga, por entonces diputados de la Alianza, determina en su primer punto que fueron hechos «planeados,  preparados y ejecutados por grupos delictivos internacionales y/o nacionales». Y que «en nuestro país, actuaron grupos y/o organizaciones con sobrada capacidad logística, operativa, de personal y de inteligencia como para perpetrar hechos terroristas de la magnitud de los mencionados atentados, cuya impunidad facilita que dichos grupos y organizaciones convivan entre nosotros». Este eje de razonamiento se relaciona con la presunta participación de policías bonaerenses y de un vendedor de autos truchos: el ex comisario Juan José Ribelli y Carlos Telledín,  ambos detenidos. Habrían aportado a un grupo extremista fundamentalista el vehículo portador de la poderosa carga explosiva, la Renault trafic blanca. Lo que se comprobó es que Ribelli había recibido dos millones y medio de pesos, aunque alegó en su descargo que se trataba de una herencia proveniente de Italia y que le fue donada por su padre, un jubilado ferroviario. Las líneas de investigación apuntaron también en un primer momento hacia los sectores carapintadas, en particular algunos miembros del Modin (partido nuevo liderado por el ex carapintada Aldo Rico), como el entonces diputado nacional Emilio Morello, por su especial relación con la representación diplomática iraní. En todo momento los legisladores respaldaron la labor del juez y de sus fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y  denunciaron «la manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de seguridad e inteligencia federales y provinciales». También previnieron acerca de los riesgos del tercer atentado. Hubo un segundo informe de la comisión bicameral que ratificaba y profundizaba el enfoque desarrollado en el anterior. A los efectos de concederle al juez mayores instrumentos legales para su cometido, a poco de iniciado el 2000, el Congreso votó la llamada ley del arrepentido para delitos terroristas. Para los primeros meses del 2001 se esperaba el juicio oral y público de esta causa. La organización Memoria Activa -que integran familiares de las víctimas- fue la más crítica acerca de la reacción del gobierno justicialista al punto de adjudicarle la tarea de encubrimiento de ese acto criminal. El 26 de mayo de 1999, el nuevo edificio en la calle Pasteur 633 de la AMIA y DAIA volvía abrir sus puertas, transformado en un bunker antiterrorista. «Volvemos a nuestra casa, lástima que no podamos volver todos» dijo el embajador israelí Yitzjak Aviran. 

En el mismo plano, Di Tella inicio negociaciones con Inglaterra, dejando entre paréntesis la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, para solucionar las nuevas y urgentes cuestiones sobre derechos pesqueros. Con el mismo espíritu  , en 1991 se apresuró a zanjar todas las cuestiones limítrofes pendientes con Chile, con excepción de dos: sobre Laguna del Desierto hubo un arbitraje  internacional, favorable a la Argentina, que Chile aceptó. En cambio, la solución propuesta  para los Hielos Continentales suscita una fuerte oposición, y el acuerdo final con Chile solo se firmó en 1999. Durante todo este período, Menem viajó mucho al exterior y lució su imagen de vencedor de la inflación y reformador exitoso. Fue un personaje popular en el mundo.

Pese a la dureza de los ajustes, el gobierno enfrentó pocas resistencias organizadas. Los canales de mediación más tradicionales estaban fuertemente afectados por la transformación de la economía y la desmovilización de la sociedad. Los dirigentes sindicales, de intensa actividad durante el gobierno de Alfonsín, solo se movilizaron para defender sus propios privilegios: en 1992 se produjo una tímida huelga general, en el contexto de la negociación por la desregulación de las obras sociales y las leyes laborales. En diciembre de 1993 se produjo en Santiago del Estero un estallido: la propuesta de los trabajadores estatales derivo en una pueblada, y fueron asaltados e incendiados edificios públicos y viviendas de los mas prominentes políticos.

Luego del éxito electoral de 1991.,Menem comenzó a hablar de la reforma constitucional, que lo habilitara para ser reelecto. Trabajo con notable empeño en el proyecto, supero todo tipo de dificultades, soporto en su transcurso un grave problema de salud primero, y la muerte de su hijo en un accidente aéreo después, y concluyó finalmente logrando su objetivo: ser reelecto.

No le fue fácil, en su partido encontró reticencias de quienes esperaban a sucederlo o de los que buscaban negociar provechosamente su apoyo. Tampoco fueron fáciles las cosas con el ESTABLISHMENT económico, preocupado por los conflictos que podía generar tal proyecto. Pero el problema principal estaba en el Congreso: la reforma constitucional debía ser habilitada en ambas Cámaras, por dos tercios de los votos. Inmediatamente después de las elecciones de 1993, Menem logró la aprobación del Senado, y convocó a una consulta popular, no vinculante, con la intención de presionar a los diputados de la UCR, pues el PJ y sus aliados estaban muy lejos de alcanzar allí los dos tercios.

La UCR estaba a la defensiva, sin planes y dividida. Así en noviembre de 1993 Menem y Alfonsin se reunieron en secreto y acordaron las condiciones para facilitar la reforma constitucional, ésta habría de contener la cláusula de reelección y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR con animo de modernizar el texto y reducir el margen legal para la hegemonía presidencial. Estas eran la elección directa, con balotaje, la reducción del mandato a cuatro años, con la posibilidad de una reelección- pero sin vedar la electividad futura-, la creación del cargo de Jefe de Gobierno, la designación de los senadores por voto directo, incluyendo un tercero por la maniobra, la elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Bs As , la creación del Consejo de la Magistratura, para la designación de los jueces, y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Con dificultad Alfonsin logró que la UCR aceptara el acuerdo, argumento sobre el riesgo de una derrota en el plebiscito, sobre la posibilidad  de la división y las defecciones, y sobre los riesgos de una reforma llevada adelante por el presidente sin el consentimiento de las fuerzas políticas.

En las elecciones de abril de 1994, el justicialismo perdió votos, de manera moderada, y la UCR sufrió un fuerte drenaje en beneficio del Frente Grande, que reunió el 12% de  los sufragios y se impuso en la Capital Federal y Neuquen. Integraban la nueva fuerza política que atrajo el voto de quienes criticaban el pacto de Olivos.

PACTO DE OLIVOS

El 4 de noviembre de 1993, en la casa del ex canciller Dante Caputo, se reunieron el presidente Carlos Menem  y el ex presidente Raúl Alfonsín. Fue una reunión reservada que después tomó estado público. Entre sus participantes estuvieron los dos gestores del encuentro: el radical Enrique Coti Nosiglia y el gremialista peronista Luis Barrionuevo. La última vez que se habían visto había sido el 15 de octubre cuando Alfonsín visitó a Menem en el sanatorio, luego de una urgente operación de carótida. En esa reunión secreta, se fijaron las bases de la reforma constitucional por la cual venía presionando el justicialismo para anular la cláusula que impedía la reelección de Carlos Menem. Alfonsín, por su lado, quería incorporar al nuevo texto constitucional las reformas que durante su propio gobierno tuvo en estudio y remitió al Congreso, que no trató el tema. Los puntos que comenzaron a evaluarse en ese mismo momento pasaban por reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años, con derecho a una reelección; recortar los mandatos de los senadores (que eran de nueve años) y determinar para la elección presidencial un sistema directo (y no indirecto, o sea por medio del Colegio Electoral) con segunda vuelta en el caso de que ningún candidato superase el 45 por ciento de los votos o tuviera, con relación al segundo, una diferencia menor de diez puntos porcentuales. El pacto, que tomó el nombre de Olivos, que es donde estaba la casa de Caputo, fue oficialmente firmado el 13 de diciembre en la Casa de Gobierno. De este modo, el PJ cambió su estrategia que lo había llevado a votar en el Senado un proyecto que declaraba la necesidad de la reforma y al que tenazmente se había opuesto el radicalismo. Además, dejó sin efecto un plebiscito no vinculante que había convocado para el 21 de noviembre. Sin dificultades, la ley fue aprobada después por la Cámara de Diputados, incorporando el texto del Pacto de Olivos, que devolvió la sanción al Senado. Un estado de satisfacción plena tenía el justicialismo que el 3 de octubre de 1993 había logrado en las elecciones legislativas el 42,3 por ciento de los votos (incluyendo un inesperado triunfo en el distrito porteño), contra 30% del radicalismo, en tanto que el Frente Grande lograba en la Capital el 13,4% y en la provincia de Buenos Aires el 4,1 por ciento. 

REFORMA CONSTITUCIONAL

El 24 de agosto de 1994, luego de tres meses de deliberaciones que habían arrancado el 25 de mayo en Paraná, se juró en el Palacio San José, de Concepción del Uruguay, también en Entre Ríos, la nueva Constitución. En verdad, no era nueva sino reformada, tarea realizada en largas sesiones de trabajo en la sede de la Universidad del Litoral, de Santa Fe, cuyo paraninfo,  especialmente preparado, ofició de recinto. La importancia de los cambios incorporados al texto original de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957 (la Constitución peronista de 1949 fue anulada), más el alto número de constituyentes y la intensidad de los debates, hicieron de la convención de Santa Fe un acontecimiento más importante que la razón política que la originó, que fue un acuerdo entre peronistas y radicales (Pacto de Olivos). De ese modo, los 305 constituyentes completaron su labor, a la que habían sido encomendados por la ley que declaró la necesidad de la reforma y para lo cual fueron elegidos en una votación realizada en todos los distritos el 10 de abril de 1994. Los resultados de esa elección le habían dado al peronismo el 38,5 por ciento de los votos; a la UCR el 20,5 (una caída espectacular con relación a 1993 cuando había obtenido para diputados el 30,2 por ciento); al creciente Frente Grande y aliados de centro izquierda el 16,5 por ciento, y al Modin el 9,2, en tanto que, agrupados, los partidos provinciales y la Ucedé tenían el 11,7 por ciento. De modo que los constituyentes se repartieron así: 135 (PJ), 74 (UCR), 32 (Frente Grande), 20 (Modin) y 39 (provinciales). El resto eran bloques minoritarios. Como consecuencia de la ley de cupo femenino, de esos 305 convencionales constitucionales,  ochenta eran mujeres. Los presidentes de los principales bloques fueron: Augusto Alasino del PJ; Raúl Alfonsin, radical; Carlos Chacho Alvarez, Frente Grande y Aldo Rico, Modín. Entre los convencionales había ministros como Carlos Corach, titular de la cartera de Interior y gobernadores como Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, Ramón Ortega, Rubén Marín y Néstor Kirchner. Ese día soleado en el Palacio que hizo construir especialmente el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza -y donde sería asesinado- fue también el final de un camino, iniciado en 1993 cuando el justicialismo presionó para lograr la modificación constitucional que posibilitase la reelección de Carlos Menem. Aquello que había arrancado con una dura confrontación entre peronistas y radicales, finalmente se destrabó al concretarse el llamado Pacto de Olivos entre Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, firmado oficialmente el 13 de diciembre de 1993. El Pacto incluyó las reformas que ambos compartían, luego elaboradas por especialistas de ambos partidos e incorporadas a lo que se llamó Núcleo de Coincidencias Básicas. El Pacto incluía la no modificación del texto acordado, un asunto que en Santa Fe fue duramente resistido, de modo muy especial por los constituyentes del Frente Grande. Los principales cambios a la Constitución fueron: 1) Incorporación de la segunda vuelta en elecciones presidenciales directas,  de modo que sea vencedora la fórmula que supere el 45 por ciento de los votos o tenga diez puntos de diferencia con relación a la segunda más votada. 2) Reducción a cuatro años del mandato presidencial y del vicepresidente, con derecho a una única reelección. 3) Recortar a seis el período de mandato de los senadores nacionales, incorporando por cada distrito un tercer senador para la oposición, todos elegidos por elección directa. 4) Crear la figura del jefe de gabinete de ministros, con obligación de informar mensualmente al Congreso y la posibilidad de ser removido por ese poder. 5) Reglamentar por ley el uso de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. 6) Recortar a tres pasos el trámite de una ley, en lugar de cinco, de modo que cuando la Cámara iniciadora apruebe un texto y la Cámara revisora lo modifique y lo devuelva, aquélla quede en condiciones de aceptar o rechazar los cambios. Luego se remitirá la sanción al Poder Ejecutivo para su promulgación. 7) Ampliar el período de sesiones ordinarias del 1º de marzo al 30 de noviembre (antes era del 1º de mayo al 30 de setiembre). 8) Disponer la elección directa del intendente de la Capital Federal. 9) Crear el Consejo de la Magistratura para la elección de jueces y su remoción a través de un jury de enjuiciamiento (no para los miembros de la Corte Suprema a cuyo efecto sigue vigente el sistema de juicio político en el Congreso de la Nación). La Constitución incluyó también todo un capítulo sobre derechos y garantías, cuyo primer punto determina que la Carta Magna mantendrá su vigencia, aun cuando fuere violada por actos de fuerza contra el orden institucional y democrático. Los actos que deriven de esa situación, determina, «serán actos insanablemente nulos».  

La constitución reformada receptó el derecho a la preservación del medio ambiente art. 41, los derechos del consumidor y del usuario art. 42, acción de amparo art. 43 con la novedad  de la consideración y protección de derechos de incidencia colectiva. A su vez el artículo 75 inciso 22 considera con jerarquía constitucional en forma complementaria a la Constitución diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos especificados en dicho artículo.  El art. 76 fija las bases para la delegación legislativa que ejerce el Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo respecto de materias de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y en carácter excepcional, que en la práctica no fue respetado por el gobierno de Menem y aún en menor medida por los sucesivos gobiernos.

Uno de los fundamentos del Pacto de Olivos y de la Reforma Constitucional fue consolidar el sistema democrático y perfeccionar el equilibrio de los poderes del estado, a tales efectos se procuró la atenuación del sistema presidencialista por medio de la incorporación de un Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad frente al Presidente y el Congreso. Otro de los fundamentos del Pacto fue la Reglamentación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia.  Como podemos notar, en la práctica política no se dieron estos resultados y hoy en día el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente de la Nación se presenta como un poder con mayor influencia e injerencia en los asuntos del Estado Nacional